Corría 1787 y el germen de lo que acabarían siendo los actuales Estados Unidos de América trataba de redactar un documento que plasmara el sentir de un pueblo renuente de los dictámenes de la Corona británica y las convenciones del Antiguo Mundo. Fue concretamente el 17 de septiembre de 1787 cuando la Convención de Filadelfia terminó por presentar la nueva Constitución de los Estados Unidos de América, convirtiéndose así en uno de los mayores hitos de una relativamente joven nación. Hasta aquí todo es romanticismo histórico y heroísmo patriota, pero unos años más tarde comienzan a introducirse nuevas enmiendas a la Constitución original a fin de dotar de un mayor número de derechos al ya soberano pueblo estadounidense. Desde su creación, la Constitución acumula un total de veintisiete enmiendas, pero, sin duda, una de las más controvertidas es la Segunda Enmienda, que establece lo siguiente: "A well-regulated Militia, being necessary to the security of a free State, the right of the people to keep and bear Arms, shall not be infringed” - American Constitution Second Amendment.
“Siendo necesaria una Milicia bien organizada para la seguridad de un Estado libre, el derecho del pueblo a poseer y portar armas no será infringido” - Segunda Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América.
La enmienda respondía a una necesidad latente: la seguridad de la nueva nación. Pese a la corriente de pensamiento habitual de que la base de una sociedad es la democracia, la realidad dista bastante de una teoría que se cae por el propio peso de la historia: para que exista democracia, primero debe existir una seguridad que permita el desarrollo del régimen político (realmente importa poco de qué tipo sea), siendo en este caso la democracia. Si se analiza la propia enmienda, bastan solo seis palabras para respaldar la afirmación anterior: “siendo necesaria una milicia bien ordenada”, es decir, un poder coercitivo organizado, en este caso en manos del gobierno, para que un Estado pueda desarrollarse en libertad. Si se atiende a la segunda sección de la enmienda, puede leerse “no se violará el derecho del pueblo a poseer y portar armas”. La afirmación es sensata y acorde a la realidad norteamericana de finales del siglo XIX… pero, ¿realmente sigue teniendo vigencia esa realidad en pleno siglo XXI? Las razones que inicialmente impulsaron la creación de esta enmienda ya no son aplicables, ya que el Estado soberano cuenta con el reconocimiento internacional y todas las herramientas propias de las democracias avanzadas. Entonces, ¿por qué sigue teniendo vigencia la Segunda Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos? ¿Quién alienta esta tendencia y qué efectos tiene?
La injerencia de la empresa armamentística norteamericana en el Gobierno federal es un hecho que puede ser catalogado como una “amenaza” para la cultura y la estabilidad de los regímenes democráticos. Esto no es un argumento nuevo o una afirmación partidista que enarbole un movimiento político movido por intereses particulares o mero populismo barato. De hecho, es un argumento que apareció en la segunda mitad del siglo XX cuando Dwight D. Eisenhower, trigésimo cuarto presidente y general del ejército estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial, pronunció durante su último discurso político: “In the councils of government, we must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military-industrial complex. The potential for the disastrous rise of misplaced power exists and will persist” - Dwight D. Eisenhower.
“En los consejos de gobierno, debemos guardarnos de la adquisición de influencia injustificada, buscada o no, por parte del complejo militar-industrial. El potencial para el aumento desastroso del poder equivocado existe y persistirá" - Dwight D. Eisenhower.
El presidente Eisenhower ya advertía de la amenaza que constituían las industrias armamentísticas para la viabilidad de las democracias, para la seguridad y para el respeto a los derechos del pueblo norteamericano. Pero no fue únicamente Eisenhower quien alertaba de esto, sino que también otros políticos estadounidenses de la talla de John F. Kennedy se hacía eco de este argumento: “Lobbyists are in many cases expert technicians and capable of explaining complex and difficult subjects in a clear, understandable fashion. They engage in personal discussions with members of Congress in which they can explain in detail the reasons for positions they advocate… Because our congressional representation is based on geographical boundaries, the lobbyists who speak for the various economic, commercial, and other functional interests of this country serve a very useful purpose and have assumed an important role in the legislative process” - John F. Kennedy.
“Los grupos de presión son, en muchos casos, técnicos expertos y capaces de explicar temas complejos y difíciles de forma clara y comprensible. Entablan conversaciones personales con los miembros del Congreso en las que pueden explicar detalladamente las razones de las posiciones que defienden... Dado que nuestra representación en el Congreso se basa en las fronteras geográficas, los grupos de presión que hablan en nombre de los diversos intereses económicos y comerciales y otros intereses funcionales de este país cumplen un propósito muy útil y han asumido un papel importante en el proceso legislativo” - John F. Kennedy.
La punta de lanza del sector armamentístico es la Asociación Nacional del Rifle (NRA), que es apoyada por un gran sector político y popular estadounidense, y no es desconocido que anteriores presidentes, congresistas y senadores han mantenido notables vínculos con esta organización, influenciando notablemente sus administraciones o mandatos a través de determinadas iniciativas legislativas, tanto a escala federal como estatal.
Y es el sistema federal que tanto caracteriza a Estados Unidos lo que dota a las empresas armamentísticas de una capacidad comercial y legislativa imparable. Al desarrollarse en un federalismo, el sistema administrativo impone dos “niveles” regulatorios: el federal y el estatal, por lo que las empresas influyen a través del llamado lobbying en ambos niveles. Mientras que el sistema federal afecta a la totalidad de la nación, el sistema estatal afecta de forma particular a los estados que componen los Estados Unidos. A nivel federal, es el Departamento de Justicia, y a su vez, el de Tabaco, Alcohol, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), el que creó la llamada “Gun Control Act” en 1968, a fin de regular la compraventa y tenencia de armas de fuego dado el descontrol y falta de regulación anterior. La norma establece que los residentes deben tener dieciocho años para poder adquirir escopetas, rifles y sus municiones; pero deben tener al menos veintiuno para poder adquirir pistolas. Esto no deja de ser paradójico, ya que tienen acceso a armas de fuego con dieciocho años, pero pueden conducir vehículos a partir los dieciséis, y en el caso contrario, no pueden consumir alcohol en locales abiertos al público hasta tener veintiuno.
Estados Unidos es el país que ostenta casi la mitad de las armas de todo el mundo, y una gran parte de ellas se encuentra en viviendas particulares. Dado el gran número de armas, podría afirmarse que Estados Unidos es un país seguro, ya que hay una férrea cultura de la defensa, pero esta aseveración se prueba errada si se atiende al gran número de incidentes violentos con armas de fuego desarrollados en el país desde la década de los sesenta: Estados Unidos es el país con mayor número de tiroteos masivos entre 1966 y 2012. No son desconocidos los tiroteos en escuelas, centros comerciales, lugares de culto…
La nación ha vivido expuesta durante décadas a la propaganda y publicidad de las diferentes empresas armamentísticas, la mayor parte de ellas apoyadas por la NRA, centrándose en diversos sectores de la población, incluso los niños. El marketing del sector armamentístico alcanza la totalidad de los sectores de la población y tiene presencia en grandes superficies. Hasta hace relativamente poco tiempo grandes cadenas como Walmart exponían al público armas de fuego que no requerían de una gran tramitación administrativa para su adquisición, o impulsaban campañas de la vuelta al cole enfocadas a niños… solo que con armas. Afortunadamente se introdujeron cambios legislativos que limitasen este tipo de acciones promocionales.
Las autoridades, no obstante, azuzadas por los grupos de presión, es decir, los conglomerados armamentísticos en este caso, excusan las conductas antisociales con afirmaciones que derivan las razones de estas prácticas a los videojuegos o el cine, lo cual ha sido sobradamente probado como falso. Y en caso de ser cierto, debería darse la misma tendencia en otras latitudes del mundo y, al menos en Europa, no se producen este tipo de conductas o no con tanta asiduidad. Así, se produce una polarización de la sociedad en este aspecto: por un lado, aquellos que abogan por la libertad que otorga la Segunda Enmienda, los derechos de los ciudadanos y la desregulación; y por otro, aquellos que defienden una postura restrictiva, regulatoria y preventiva. Este no es precisamente un caballo de batalla nuevo en la escena política estadounidense, y tampoco dejará de serlo, especialmente tras cada evento violento con víctimas mortales.
Podría afirmarse que el sistema de control armamentístico es ineficiente y plagado de vacíos legales que permiten una adquisición fácil y hasta temeraria de las armas. Por otra parte, también podría afirmarse que los lobbies, y en este caso la NRA, ejercen una influencia desmedida en los representantes políticos, y por lo tanto en las políticas que estos implementan. A través de sus prácticas, se procede a una mayor desregulación y quizás a un menor ejercicio de prevención, ya que este se limita a un argumento tan básico como “ármate para defenderte del otro que también tiene un arma”, y tener un arma no es sinónimo de seguridad, lo cual se manifiesta en los tiroteos masivos. La población civil queda así expuesta a grandes peligros que emanan de la simple tenencia de determinados tipos de armamento (armas automáticas, gran calibre, explosivos…) cuando no existe una necesidad real de disponer de ellas.
En conclusión, no se trata pues de imponer una prohibición taxativa de la tenencia de armas por parte de la ciudadanía, pero sí de una regulación que dote de una mayor protección a la población. Mediante una regulación que garantice una seguridad jurídica y unos procedimientos armonizados, los peligros que emanan de un uso inadecuado podrían reducirse de forma drástica, trascendiendo esto a otros ámbitos, como a los protocolos de actuación de los diferentes cuerpos policiales de la nación (que en determinadas intervenciones suelen ser acusados de brutalidad policial). Esto es necesario para promover una seguridad real en la población y, sobre todo, para poner freno a los intereses que afectan de forma negativa a los procesos democráticos a todos los niveles. Por todo lo anterior, se considera acertado decir God save America… from itself.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
https://millercenter.org/the-presidency/presidential-speeches/january-17-1961- farewell-address
https://www.iiss.org/publications/the-military-balance/the-military-balance- 2017#:~:text=The%20Military%20Balance%20is%20the,and%20significant%20de fence%20economic%20data
https://www.bartleby.com/73/1128.html
https://constitutioncenter.org/media/files/constitution.pdf
https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-82/pdf/STATUTE-82-Pg1213- 2.pdf#page=1
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